En el Consejo Asesor colaboraron 81 miembros, especialistas en educación, académicos, representantes de distintas confesiones religiosas, de las etnias y del quehacer educacional del país: tales como padres de familia, estudiantes secundarios y universitarios, docentes y codocentes, sostenedores municipales y privados, rectores de las universidades, entre otros.Pese a la diversidad de posiciones que existieron en el Consejo, se llegaron a amplios acuerdos. Algunos de ellos son:
Instituir un derecho fundamental a una educación gratuita de calidad, lo que lleva a asegurar estándares mínimos exigibles y crear mecanismos que garanticen el cumplimiento de dichos estándares.
Sustituir la LOCE -para que tenga legitimidad y garantice efectivamente el derecho a una educación de calidad- y perfeccionar el marco regulatorio vigente.
Crear una Agencia Pública de Aseguramiento de la Calidad o Superintendencia.
Generar las condiciones para destinar más recursos a la educación, priorizando a los estudiantes más pobres y con mayores problemas sociales.
La nueva ley debe establecer requisitos más exigentes que los actuales para los sostenedores del sistema educativo y para mantenerse en él.
Garantizar el acceso equitativo a una educación de calidad conlleva que ningún estudiante debe ser discriminado por las características de su familia, discapacidad, dificultades de aprendizaje, razones socioeconómicas, religiosas, étnicas u otras.
El Estado debe asegurar un sistema educacional donde los padres tengan el derecho a elegir la educación de sus hijos, y que debe regir según el marco legal vigente.
Para medir la calidad de un establecimiento, el Consejo recomienda cuatro tipos de indicadores: cobertura, logros educativos, calidad de los procesos educativos y nivel del financiamiento.
El Consejo recomienda la creación de una carrera profesional docente, cambiando el actual estatuto que rige en esa área.
Fortalecimiento de los Consejos Escolares como instancia de participación de los padres en los establecimientos y una señal de transparencia en su quehacer.
El Consejo considera necesario lograr una participación más efectiva de la familia en cada centro educacional, por lo que propone que cada establecimiento debe incluir instancias de participación y trabajo con las familias para facilitar el apoyo escolar y personal de los alumnos para también orientar a los apoderados en sus derechos y deberes.Nuevo Régimen de Aseguramiento de la CalidadPara generar un Sistema de Aseguramiento de la Calidad, se propone reordenar las funciones del aparato estatal público del siguiente modo:
Ministerio de Educación: entidad que asuma el diseño, financiamiento y ejecución de las políticas.
El Consejo Superior de Educación (entidad que se propone reestructurar y reforzar): deberá velar por la continuidad de las políticas educacionales, aprobar el currículum, los estándares para juzgar el desempeño del sistema y los requisitos de egreso de cada nivel de enseñanza.
Agencia de Aseguramiento de la Calidad o Superintendencia de Educación: evaluará el cumplimiento de los estándares de calidad a través de inspecciones, la administración de pruebas estandarizadas nacionales y comparativas internacionales, deberá entregar a la ciudadanía información completa de los logros del sistema escolar y sugerirá la salida del sistema o intervención de escuelas y liceos que no cumplan su rol.Reorganización de la educación públicaEl Consejo propone cuatro alternativas acerca de la forma de constituir las entidades que se hagan cargo de la administración de los establecimientos públicos:
Municipios y asociaciones de municipios: a través de corporaciones de derecho público.
Gobierno regional: creando corporaciones de derecho público autónomas que tendrán como tamaño máximo la región.
Servicios educacionales regionales: crear uno o más servicios descentralizados en cada región, articulados a través de las SEREMIS de Educación y los Gobiernos Regionales, abarcando una o más comunas y agrupando a un número equivalente de alumnos, docentes y establecimientos.
Servicio nacional de educación pública: creación de una entidad que sea dependiente del Ministerio de Educación.Cualquier sea la forma en que el sistema de educación pública se reorganice, el Consejo sugiere que esta nueva institucionalidad satisfaga algunos criterios básicos como los siguientes:
Las entidades de administración de la educación pública tendrán como única función la gestión de establecimientos educacionales.
Integrarán las funciones administrativo-financieras con la gestión técnico-pedagógica, hoy divididas entre el Mineduc y los municipios.
Deberán conjugar el más alto nivel técnico para efectos de la gestión y administración pedagógica, cono la participación de la comunidad en el control de su gestión y en la definición de ciertos aspectos del proyecto educativo territorial.
Su equipo directivo será seleccionado a través del Sistema de Alta Dirección Pública.Reestructuración de los ciclos escolaresEl Consejo recomienda avanzar hacia un reordenamiento de la estructura de la educación, haciendo los ajustes curriculares, institucionales y de formación de profesores que sean necesarios. Propone la siguiente nueva estructura:
Nivel de educación parvularia
Primer nivel: seis años de educación básica
Segundo nivel: cuatro años de educación media inferior, con lo que se completa el ciclo de educación general.
Tercer nivel: dos años de educación media diferenciada, tanto para la educación científico-humanista como para la educación técnico-profesional.También se recomienda hacer revisiones y actualización de los currículos, con una periodicidad no mayor a 10 años.Docentes
El Consejo recomienda la creación de una Carrera Profesional Docente capaz de atraer a estudiantes talentosos y retener en las aulas a profesionales competentes.
Una carrera con regulaciones nacionales que potencie la gestión local de la educación.
Una carrera que reconoce las capacidades y el desempeño de los profesores en función de la calidad y equidad educativas.
Una carrera ágil, que impulsa a los docentes a avanzar y desarrollarse.
Una carrera que reconoce méritos y motivaciones profesionales.Además, el Consejo propone fortalecer la formación inicial y continua de los profesores, realizar un examen de habilitación para ejercer la docencia en el sistema escolar y realizar un proceso de inducción a quienes ingresan a trabajar a escuelas y liceos.Centros educativosrespecto a la gestión de escuelas y liceos, el Consejo propone acelerar el proceso de renovación efectiva de los directores, asegurando el financiamiento de las indemnizaciones de quienes deban salir; una mayor participación de los mismos en la gestión de los recursos humanos y materiales; reformular las horas destinadas a trabajo lectivo y no-lectivo; rediseñar las políticas de atención a la diversidad; encontrar mecanismos para que la información del SIMCE pueda ser utilizada por cada docente en beneficio del aprendizaje de sus estudiantes; establecer un plan y proceso formativo de los Supervisores Educacionales, que apunte a su especialización; mejorar drásticamente la distribución de textos; evitar –a través de los reglamentos internos con reglas claras que eviten la arbitrariedad- la cancelación de matrícula a alumnos con problemas de comportamiento; configurar una institucionalidad en el Ministerio de Educación que permita ordenar y coordinar la totalidad del Sistema de Formación Técnica; fortalecer los CFT, equiparándolos a las demás instituciones de educación superior; y establecer asignaciones de título para los titulados de formación técnica superior, entre otras medidas
Instituir un derecho fundamental a una educación gratuita de calidad, lo que lleva a asegurar estándares mínimos exigibles y crear mecanismos que garanticen el cumplimiento de dichos estándares.
Sustituir la LOCE -para que tenga legitimidad y garantice efectivamente el derecho a una educación de calidad- y perfeccionar el marco regulatorio vigente.
Crear una Agencia Pública de Aseguramiento de la Calidad o Superintendencia.
Generar las condiciones para destinar más recursos a la educación, priorizando a los estudiantes más pobres y con mayores problemas sociales.
La nueva ley debe establecer requisitos más exigentes que los actuales para los sostenedores del sistema educativo y para mantenerse en él.
Garantizar el acceso equitativo a una educación de calidad conlleva que ningún estudiante debe ser discriminado por las características de su familia, discapacidad, dificultades de aprendizaje, razones socioeconómicas, religiosas, étnicas u otras.
El Estado debe asegurar un sistema educacional donde los padres tengan el derecho a elegir la educación de sus hijos, y que debe regir según el marco legal vigente.
Para medir la calidad de un establecimiento, el Consejo recomienda cuatro tipos de indicadores: cobertura, logros educativos, calidad de los procesos educativos y nivel del financiamiento.
El Consejo recomienda la creación de una carrera profesional docente, cambiando el actual estatuto que rige en esa área.
Fortalecimiento de los Consejos Escolares como instancia de participación de los padres en los establecimientos y una señal de transparencia en su quehacer.
El Consejo considera necesario lograr una participación más efectiva de la familia en cada centro educacional, por lo que propone que cada establecimiento debe incluir instancias de participación y trabajo con las familias para facilitar el apoyo escolar y personal de los alumnos para también orientar a los apoderados en sus derechos y deberes.Nuevo Régimen de Aseguramiento de la CalidadPara generar un Sistema de Aseguramiento de la Calidad, se propone reordenar las funciones del aparato estatal público del siguiente modo:
Ministerio de Educación: entidad que asuma el diseño, financiamiento y ejecución de las políticas.
El Consejo Superior de Educación (entidad que se propone reestructurar y reforzar): deberá velar por la continuidad de las políticas educacionales, aprobar el currículum, los estándares para juzgar el desempeño del sistema y los requisitos de egreso de cada nivel de enseñanza.
Agencia de Aseguramiento de la Calidad o Superintendencia de Educación: evaluará el cumplimiento de los estándares de calidad a través de inspecciones, la administración de pruebas estandarizadas nacionales y comparativas internacionales, deberá entregar a la ciudadanía información completa de los logros del sistema escolar y sugerirá la salida del sistema o intervención de escuelas y liceos que no cumplan su rol.Reorganización de la educación públicaEl Consejo propone cuatro alternativas acerca de la forma de constituir las entidades que se hagan cargo de la administración de los establecimientos públicos:
Municipios y asociaciones de municipios: a través de corporaciones de derecho público.
Gobierno regional: creando corporaciones de derecho público autónomas que tendrán como tamaño máximo la región.
Servicios educacionales regionales: crear uno o más servicios descentralizados en cada región, articulados a través de las SEREMIS de Educación y los Gobiernos Regionales, abarcando una o más comunas y agrupando a un número equivalente de alumnos, docentes y establecimientos.
Servicio nacional de educación pública: creación de una entidad que sea dependiente del Ministerio de Educación.Cualquier sea la forma en que el sistema de educación pública se reorganice, el Consejo sugiere que esta nueva institucionalidad satisfaga algunos criterios básicos como los siguientes:
Las entidades de administración de la educación pública tendrán como única función la gestión de establecimientos educacionales.
Integrarán las funciones administrativo-financieras con la gestión técnico-pedagógica, hoy divididas entre el Mineduc y los municipios.
Deberán conjugar el más alto nivel técnico para efectos de la gestión y administración pedagógica, cono la participación de la comunidad en el control de su gestión y en la definición de ciertos aspectos del proyecto educativo territorial.
Su equipo directivo será seleccionado a través del Sistema de Alta Dirección Pública.Reestructuración de los ciclos escolaresEl Consejo recomienda avanzar hacia un reordenamiento de la estructura de la educación, haciendo los ajustes curriculares, institucionales y de formación de profesores que sean necesarios. Propone la siguiente nueva estructura:
Nivel de educación parvularia
Primer nivel: seis años de educación básica
Segundo nivel: cuatro años de educación media inferior, con lo que se completa el ciclo de educación general.
Tercer nivel: dos años de educación media diferenciada, tanto para la educación científico-humanista como para la educación técnico-profesional.También se recomienda hacer revisiones y actualización de los currículos, con una periodicidad no mayor a 10 años.Docentes
El Consejo recomienda la creación de una Carrera Profesional Docente capaz de atraer a estudiantes talentosos y retener en las aulas a profesionales competentes.
Una carrera con regulaciones nacionales que potencie la gestión local de la educación.
Una carrera que reconoce las capacidades y el desempeño de los profesores en función de la calidad y equidad educativas.
Una carrera ágil, que impulsa a los docentes a avanzar y desarrollarse.
Una carrera que reconoce méritos y motivaciones profesionales.Además, el Consejo propone fortalecer la formación inicial y continua de los profesores, realizar un examen de habilitación para ejercer la docencia en el sistema escolar y realizar un proceso de inducción a quienes ingresan a trabajar a escuelas y liceos.Centros educativosrespecto a la gestión de escuelas y liceos, el Consejo propone acelerar el proceso de renovación efectiva de los directores, asegurando el financiamiento de las indemnizaciones de quienes deban salir; una mayor participación de los mismos en la gestión de los recursos humanos y materiales; reformular las horas destinadas a trabajo lectivo y no-lectivo; rediseñar las políticas de atención a la diversidad; encontrar mecanismos para que la información del SIMCE pueda ser utilizada por cada docente en beneficio del aprendizaje de sus estudiantes; establecer un plan y proceso formativo de los Supervisores Educacionales, que apunte a su especialización; mejorar drásticamente la distribución de textos; evitar –a través de los reglamentos internos con reglas claras que eviten la arbitrariedad- la cancelación de matrícula a alumnos con problemas de comportamiento; configurar una institucionalidad en el Ministerio de Educación que permita ordenar y coordinar la totalidad del Sistema de Formación Técnica; fortalecer los CFT, equiparándolos a las demás instituciones de educación superior; y establecer asignaciones de título para los titulados de formación técnica superior, entre otras medidas